Los sevillanos saben lo que ha ocurrido en el distrito Macarena el pago de facturas falsas a un ex militante socialista cuyo nombre es José Pardo y lo consideran mayoritariamente un episodio de corrupción. Ésta es la principal conclusión del estudio realizado por Ipsos para Diario de Sevilla tras dos años de gobierno en la ciudad de la coalición formada por los socialistas e IU.
Dicha encuesta revela que el grado de conocimiento del caso es bastante amplio: un 77,3% de los ciudadanos consultados declara haber oído hablar del asunto de las facturas falsas; más hombres que mujeres (87,2% frente a 67%) y en especial en la horquilla de edad que oscila desde los 35 a los 64 años. El grado de conocimiento es especialmente relevante en los más jóvenes: el 51 por ciento de los encuestados cuya edad se sitúa entre los 18 y los 24 años dice haber oído hablar del episodio. Los efectos de este caso en los distintos distritos de Sevilla también resultan ilustrativos: en la Macarena, el distrito que es el escenario de las irregularidades, declaran haber oído hablar de las facturas falsas un 73,4 de los encuestados. Una cifra baja si se la compara con la de otros barrios como el Centro, donde el caso es conocido por el 81% de los consultados, o Triana- Los Remedios, en el que el grado de conocimiento del suceso casi alcanza el 90%.
Por ideología, la influencia de la polémica de las facturas falsas ha sido algo más intensa entre los ciudadanos considerados de centro izquierda, de centro o de centro derecha que sobre los demás. De esta forma, un 84,4% de los consultados de centro izquierda asegura haber oído hablar del tema, seguidos de los que se sitúan en el centro derecha, donde el caso ha llegado al 83,9% de los encuestados.
Sobre la naturaleza del episodio de las facturas falsas la opinión mayoritaria un 46,6% es que se trata de un caso de corrupción. Esta opinión es más numerosa en las franjas de edad más jóvenes (hasta los 34 años) mientras que desciende a partir de los 45 años. Tan sólo el 13,8 de los encuestados se decanta por considerar el caso Macarena como una estafa. Otro porcentaje ilustrativo: el 34,2% de los preguntados parece coincidir con la tesis oficial del Consistorio, que relaciona las irregularidades en los pagos del distrito con una simple falta de control administrativo por parte del Ayuntamiento.
Las responsabilidades políticas son, para el 63,5% de los encuestados, directamente del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. El grado de exigencia en relación a su figura política en este caso es especialmente intensa en los encuestados más jóvenes: el 70% de los preguntados cuya edad no supera los 24 años cree que él es el máximo culpable de la situación creada por las facturas falsas. Por el contrario, el 28,3 de todos los consultados por Ipsos responsabiliza del pago de facturas falsas a otros altos cargos municipales (sin definir quiénes) distintos a Monteseirín. Tan sólo un 11,4 de los encuestados asume como propia la opinión oficial del gobierno local: que todas las irregularidades se debieron en exclusiva a la conducta de personas relacionadas con las empresas privadas implicadas en el caso.
En lo que se refiere a las repercusiones políticas con respecto a las facturas falsas, la mayoría de los ciudadanos consultados (un 85,1%) cree que lo que es de dominio público a través de la prensa es sólo una mínima parte de lo que ha sucedido en el distrito Macarena. Apenas un 4,7% de los encuestados coincide con el alcalde en limitar las implicaciones de este caso al pago de dos facturas. Este escenario de opinión avalaría, dado que la mayor parte de los sevillanos estima que hay más detalles por descubrir en el funcionamiento de los distritos, la creación de una comisión de investigación paralela a las pesquisas judiciales.
La influencia de las facturas falsas en el acuerdo de gobierno suscrito hace dos años por PSOE e IU es más que notable, a juicio de los resultados del estudio. Un 44,9% de los encuestados cree que la coalición de izquierdas debería romper con los socialistas. Esta opinión, sin embargo, es más mayoritaria en el electorado de centro, centro derecha y derecha que en el que se autodefine como de izquierdas o de centro izquierda, si bien en esta última calificación los ciudadanos que han expresado su deseo de disolver esta coalición son un 47%, casi la mitad de ellos.
Sobre las consecuencias que debería tener el caso Macarena para la figura política del alcalde hay una mayoría de encuestados que se muestra partidaria de que Monteseirín dimita del cargo. Así, al menos, lo piensan el 61,1% de los encuestados que conocen el caso (un 77,3 de la población). Sólo un 31% de los sevillanos considera que el alcalde hace bien en continuar en el cargo a pesar de las irregularidades acaecidas en la Macarena. En relación a la postura a adoptar por el PSOE de Sevilla con respecto a esta cuestión, el 24,5% de la población (un 62% del 38% de los consultados que estiman que Monteseirín no va a dimitir) considera que los socialistas deberían optar por otro candidato. Sólo un 10% de los preguntados por la posibilidad de un candidato socialista distinto a Monteseirín estima que éste debería ser de nuevo designado como candidato. El grado de rechazo, en todo caso, es muy alto: un 85,6%.
Por sensibilidad política, la opinión de que Monteseirín debe dimitir es elevada en el centro izquierda y en el centro (63 y 65% respectivamente), pero resulta casi plena en los encuestados que se autodefinen como de centro derecha y derecha. Éstos últimos reclaman su cese en un porcentaje del 92,1%. En el caso de los ciudadanos de centro derecha esta misma opinión es compartida por un 80% de los consultados. En cambio, sobre la posibilidad de que el PSOE opte por otra persona, el electorado de izquierda, centro izquierda y de centro respalda esta opción en una serie de porcentajes que van desde el 61% (los que se consideran de izquierda) al 69% (los de centro izquierda). Esta misma opinión es mayoritaria en los encuestados de centro derecha, que se adscriben a ella en un 76%.
