Pese a ello, Andalucía continúa teniendo la tasa de litigiosidad más alta de España Los magistrados andaluces resolvieron más asuntos de los que ingresaron El Presidente del TSJA aboga por cambios organizativos y estructurales para conseguir una ?justicia sostenible?. Granada, 21 de abril de 2015.- Los juzgados y tribunales de Andalucía recibieron durante el año 2015 un 4% menos de asuntos que el año anterior. En concreto, ingresaron 1.794.246 asuntos, frente a los 1.870.148 asuntos del pasado año. Aún así, las cifras reflejan que el porcentaje de ingresos es demasiado elevado, lo que impide con los actuales recursos y déficit organizativo dar una respuesta de calidad y en tiempo razonable. En este número global de asuntos, se mantiene otro dato estadístico llamativo, repetido año tras año: los procedimientos penales suponen el 74% del total, o sea, casi tres cuartas partes de los asuntos registrados, evidenciando que la reforma de esta jurisdicción sigue siendo una de las mayores responsabilidades y asignaturas pendientes del legislador. En el otro extremo, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 4%) y contencioso administrativa (un 3%), mientras que la jurisdicción civil supone un 19% del total de asuntos ingresados. A la cabeza en litigiosidad También, un año más, Andalucía se sitúa a la cabeza en número de asuntos ingresados. Así, tenemos un porcentaje superior al 21% de la litigiosidad nacional, que alcanzó en total los 8.376.629 en los órganos judiciales españoles. Si la tasa en el conjunto del Estado ha sido de 179,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, significa en el ámbito del TSJA una tasa de 209,4 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que sigue siendo la más alta de España, seguida de Madrid (202), Canarias (196,7) e Illes Balears (194,2). Por órdenes jurisdiccionales, las cifras tienen distinta lectura e intensidad. Bajan los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones excepto en civil. Así, tenemos durante 2015 más litigios civiles, de forma que esta jurisdicción tiene un 7% más de volumen general de ingreso de asuntos, continuando con la tendencia del año anterior. En las Audiencias Provinciales existe un incremento medio global del 10%, que oscila significativamente por provincias, ya que se mantienen los asuntos civiles ingresados en Córdoba frente a un incremento del 21% en Huelva respecto al año anterior. En el lado opuesto se sitúa la jurisdicción penal, que ingresa un 6% menos de asuntos que en el año 2014. Pese a este descenso, la tasa de litigiosidad penal en Andalucía es la más alta del país (154,6), seguida de Madrid, Illes Balears y Canarias. Los asuntos penales ingresados en Andalucía son el 23% del total de ingresos a nivel nacional. Por su parte, la jurisdicción social ingresa también un 6% menos de asuntos (continuando con el descenso del 9% del pasado año). Respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa, que ha ingresado un 17% menos, aunque la incidencia es mucho más relevante en la primera instancia, de forma que en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo existe un descenso del 24% respecto al año anterior. Aumenta la resolución Durante 2015, los órganos judiciales resolvieron 1.834.595 asuntos y quedaron en trámite al final del año un total de 514.636 asuntos, lo que significa una reducción del 5% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2014. Se trata de un dato positivo que muestra, en general, un aumento de la productividad de los jueces, o lo que es lo mismo, que los órganos judiciales andaluces se sitúan en un buen nivel de laboriosidad, ya que se han resuelto más asuntos de los ingresados. Pero el problema, un año más, sigue siendo la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven, lo que significa realmente que la valoración final no puede ser satisfactoria por la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes y, por tanto, que todavía deben mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales. Justicia sostenible En este contexto, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha apostado por cambios organizativos y estructurales en la Administración de Justicia para conseguir una ?justicia sostenible? a través de una verdadera transformación tecnológica, un cambio de la estructura organizativa y de reformas legislativas. En este sentido, ha señalado que el denominado ?proyecto papel cero? es el punto de partida de ese desarrollo tecnológico pero que queda mucho camino que recorrer, por lo que ?confío que en 2016 sea el año en que, definitivamente se deje atrás el arcaísmo y desaparezca la brecha digital que padece la Administración de Justicia?. Respecto a la estructura organizativa, señaló la necesidad de que los órganos unipersonales caminen hacia una colegiación similar a la de las Salas y Audiencias, superando el actual sistema que ?impide o dificulta enormemente compartir recursos e información, al tiempo que permitiría reducir costes, duplicidades y tiempo?. Por último, explicó la necesidad de que la modernización procesal sea una realidad especialmente en la reforma del proceso penal. Entre las propuestas organizativas que plantea la memoria del TSJA, destacan la plena digitalización, el principio de colegiación, la comarcalización, especialización y transformación de ciertos juzgados, así como el plan de choque con medidas de apoyo en algunas sedes y jurisdicciones sobrecargadas. En este sentido, aboga por la implicación urgente de las administraciones para mejorar la imagen y la realidad del sistema judicial andaluz
