La educación en Andalucía es gratuita desde los tres a los 16 años tanto en la escuela pública como en la concertada. Lo establece la legislación educativa, aunque esa ley está ahora en tela de juicio.
Algunas familias sevillanas que, por falta de plazas, no han logrado escolarizar a sus hijos en un colegio católico de Sevilla han recurrido a los tribunales, y los jueces, en clara asintonía con la política educativa de la Junta, les han abierto las puertas de las escuelas. Esto abre un procedimiento sumamente costoso, sobre todo teniendo en cuenta que lo que los padres buscan en los juzgados es una plaza escolar que, en la práctica, es gratuita.
Según varios abogados consultados, un proceso contencioso para recuperar una plaza en un centro católico puede costarle a una familia entre 3.000 y 6.000 euros en concepto de minuta, dependiendo de lo que dure. El Colegio de Abogados de Sevilla cuenta con un baremo donde se registran, a efectos orientativos, los honorarios de un abogado según qué tipo de juicios.
Un recurso contencioso administrativo cuesta 3.000 euros dentro de ese baremo. Eso supone 3.000 euros más de lo que a una familia española le cuesta la escuela Infantil o Primaria, y cinco veces más de lo que vale la matrícula de la Universidad (en torno a 700 euros). No obstante, se trata de una cuantía indeterminada y cada letrado es libre de pactar sus honorarios con el cliente, como recuerda el presidente del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo.
Andalucía es de las comunidades donde existe mayor desequilibrio entre la red escolar pública y la concertada (80%- 20%). La Junta defiende que los colegios concertados sirven de complemento a la red pública, para cubrir las necesidades de escolarización donde ésta no llega. Y aunque, en origen, la concertada nació con esa finalidad, más del 88% de esos colegios son católicos, y eso es otro rasgo diferenciador a tener en cuenta: la religión y la educación religiosa.
Sin embargo, existe un tercer elemento que sirve para diferenciar las escuelas públicas de las concertadas: Hay una fractura socioeconómica que separa a unos niños de otros. Esa realidad impide que los alumnos vean representada en sus aulas toda la diversidad de la sociedad, por ejemplo, en el hecho de que haya 12 veces más inmigrantes en los colegios públicos que en los concertados.
Tampoco es probable que todos los padres de la pública puedan permitirse pagar 3.000 euros para elegir el colegio de su hijo. La presidenta de las Asociaciones de Padres de Andalucía, Pilar Triguero, teme que los jueces estén creando ciudadanos de primera y de segunda, separando a ricos de pobres.
Este curso serán escolarizados por vía judicial casi 200 alumnos. Eso ofrece una imagen bastante atrofiada de la educación andaluza. Es un número suficientemente alto como para pensar que se ha institucionalizado la escolarización en los juzgados y que los jueces son los únicos que velan por la educación religiosa.
En los últimos cinco años, el número de recursos por escolarización en Sevilla se ha multiplicado por tres. El TSJA ha dictado una veintena de sentencias a favor de la educación religiosa, y eso ha dado confianza a las familias, explica el abogado Diego Laffón, que representa a casi una veintena de padres contra la Consejería de Educación.
