La Fiscalía Anticorrupción ha imputado a la actual alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, su antecesor en el cargo, Julián Muñoz, y a otros siete concejales por un delito de prevaricación relacionado con una supuesta operación inmobiliaria ilegal llevada a cabo por el Ayuntamiento. En este caso, que fue denunciado por el PP, se imputa además de a Yagüe y a Muñoz a los ediles María Luisa Alcalá, Isabel García Marcos, Tomás Reñones, Carlos Fernández, Rafael Calleja, Mari Carmen Revilla y Pedro Pérez, que han estado o están en el equipo de gobierno municipal.
A Julián Muñoz se le acusa de haber adjudicado directamente en su época de alcalde bienes municipales en favor de la empresa Construcciones Brick 2000 a cambio de unas obras "una vez declarada desierta la subasta por la que se pretendían enajenar", según consta en la querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción a la que tuvo acceso Efe.
Dicha operación supone una infracción "palmaria" de la legislación reguladora de la contratación municipal ya que, al declarar desierta la subasta, se debió abrir un procedimiento negociado que asegurase la concurrencia de otros interesados, aunque la corporación adjudicó directamente los bienes a la promotora.
Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, se produjo una "clara estratagema" al sacar a subasta un lote de bienes municipales "mucho mayor" que los inmuebles que luego se adjudican directamente, "con el fin de evitar la concurrencia de otros postores".
Además de acusar a Muñoz de ser el "verdadero artífice" de la trama urdida para transmitir los bienes, el escrito recuerda que también se produjo una "violación manifiesta" de la normativa administrativa al haber hecho la tasación una persona contratada y no un funcionario público.
En el caso de la alcaldesa y sus compañeros de corporación presentes en la Comisión de Gobierno que aprobó una permuta de bienes con Brick 2000, Anticorrupción también considera que existen bastantes indicios de haber cometido otro delito de prevaricación.
Un local por dos áticos municipales
En dicha comisión se aprobó la permuta de un local por dos áticos de propiedad municipal que el Consistorio justificó en la necesidad de tener un local céntrico destinado a los servicios municipales. Sin embargo, según consta en la calificación de la querella, "no había razones de necesidad" - lo que es un requisito indispensable para la permuta- y además la valoración de los bienes tampoco la llevó a cabo un funcionario público.
Además de las nueve imputaciones, se solicita la declaración como testigos de dos representantes legales de Brick 2000, del secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes y de un letrado de la Junta de Andalucía que deberá testificar sobre un informe elaborado por la delegación del Gobierno andaluz en Málaga en el que se pedía a la alcaldesa que anulase el acuerdo de la Comisión.
Denuncia del PP
Este asunto fue denunciado en abril por la portavoz municipal del PP, Angeles Muñoz, quien explicó que la operación fue iniciada por el anterior equipo de gobierno y terminada por el actual y suponía "una pérdida de patrimonio del municipio, que incrementa la deuda del consistorio y beneficia a un tercero, Construcciones Brick".
"Hasta el interventor y el secretario municipal han señalado que las operaciones están fuera de la legalidad, porque las tasaciones de los bienes municipales - los dos áticos- las ha realizado un gestor inmobiliario en promociones y edificaciones ajeno al Ayuntamiento", dijo la portavoz popular.
