El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona acordó ayer por unanimidad instar al Gobierno Central a regular la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. La moción aprobada a propuesta de Izquierda Unida recoge que las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, si sufren vulnerabilidad económica, no se les podrá cortar el suministro, siendo el coste asumido por las compañías.
También se pide al Gobierno Central que ponga fin a los abusos tarifarios aprobando una tarifa asequible a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia, así como que cree una auténtica tarifa social que sustituya al actual bono social por otra reducida dirigida a las familias con bajos niveles de renta que sea sufragada por las eléctricas.
La propuesta aprobada también insta al Gobierno Central a que realice las gestiones necesarias para el reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de transición a la competencia; a que lleve a cabo una auditoría al sistema eléctrico, realizando un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas; y a que aplique el tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
