Ignacio García considera que ante una previsión de pérdida de más de 630.000 empleos, es más que evidente la necesidad de reforzar los servicios públicos de empleo con más personal de orientación
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida y vicepresidente primero del Parlamento Andaluz, Ignacio García, ha anunciado la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) en la que se manifiesta la posición favorable del Parlamento de Andalucía al mantenimiento por parte del Gobierno central de la financiación necesaria para la contratación de los 1.500 promotores de empleo previstos por el Real Decreto-Ley de diciembre de 2010 y oponerse de esta manera al recorte previsto por el Ejecutivo central.
Dicho Decreto recogía en su artículo 15 de Medidas para el refuerzo de la atención a la demanda y oferta de empleo en el Sistema Nacional de Empleo la contratación de estos promotores que realizan su actividad en las oficinas de empleo de los servicios públicos de empleo desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012 y cuya función es la de ofrecer un asesoramiento individualizado de cada desempleado. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2011 destinar más de 46 millones de euros para la contratación de estos 1.500 promotores de empleo en todo el país, lo que suponía más de 400 agentes de empleo en Andalucía y algo más de 70 en la provincia de Cádiz. Sin embargo, García lamenta que los PGE para este año recortan la duración del contrato de los promotores de empleo hasta el 30 de junio de 2012, en lugar de hasta el mes de diciembre como estaba previsto y de los más de 47 millones de euros para este fin se pasa a 23 millones de euros.
El parlamentario de IU, que ha mantenido esta mañana en Cádiz un encuentro con la representante del colectivo de promotores en Andalucía, Elena Fernández, recuerda que el propio Gobierno reconoce en el Programa Nacional de Reformas de 2012, aprobado el pasado 30 de abril, que la orientación profesional constituye una pieza clave de la actuación de los servicios públicos de empleo. A tal efecto, estos servicios realizan un tratamiento individualizado de cada desempleado.
Asimismo, señala que de acuerdo con el proyecto de presupuestos de 2012, el Gobierno central prevé una pérdida de más de 630.000 puestos de trabajo, cifra que puede verse ampliada según los datos del primer trimestre, esto significa que hay que atender ahora a muchos más desempleados y es evidente la necesidad de reforzar los servicios públicos de empleo con más personal de orientación en lugar de eliminarlos, apunta García.
El parlamentario de IU se ha comprometido esta mañana con el colectivo a pedir el cumplimiento de las previsiones iniciales del Gobierno y ha señalado que IU ha presentado ya en el Congreso de los Diputados sendas enmiendas a los PGE en las que pide que se aumente la partida destinada a la contratación de los promotores de empleo, de manera que se pueda financiar esta contratación todo el año.
Faro de Chipiona
