El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha
dicho que la Justicia española está en una situación crítica, que en
Andalucía es caótica, por lo que cree "injusto" culpar solo al juez Rafael
Tirado, expedientado por no haber encarcelado al presunto asesino de Mari
Luz Cortés.
Gallardo ha señalado hoy a Efe que esta situación es fruto de la "desidia"
de todos los gobiernos de la democracia, ya que "la triste realidad es que
nuestros políticos no se han interesado nunca seriamente por la
administración de Justicia".
Ese abandono "nos ha llevado a la actual situación, que por fin se ha
evidenciado clamorosamente ante la opinión pública con la muerte de la niña
Mari Luz y la concatenación de irregularidades que ha evidenciado".
La falta grave de desatención que el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) imputa a Tirado "es lógica y obligada, dada la gravedad objetiva de
los hechos que se le imputan", pero Gallardo ha añadido que espera que "en
su día ese expediente se resuelva satisfactoriamente para él" porque el juez
"cuenta con el apoyo de los abogados, que somos testigos directos de su buen
hacer como magistrado". Las irregularidades que han concurrido en este caso
"no son imputables a su persona, sino consecuencia de las graves
deficiencias del sistema", cree Gallardo. El decano de los abogados ha
manifestado que "no sería justo responsabilizarle personalmente del cúmulo
de responsabilidades difusas que concurren en este caso".
En ese sentido, ha dicho que son los gobiernos del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y de Manuel Chaves en Andalucía "quienes
incurren en una falta muy grave de desatención a la Justicia", por lo que
Gallardo entiende que "este preciso momento debe ser el punto de inflexión
en la patética situación de la administración de Justicia". Ambos
presidentes "deberían comprometerse públicamente a modernizar la Justicia en
las legislaturas que ahora se inician", ha añadido.
Según Gallardo, el Colegio de Abogados sevillano "viene clamando en el
desierto desde hace años y ahora por primera vez ese clamor se ha
generalizado a toda la sociedad española e incluso a sectores del ámbito
judicial que tradicionalmente han venido manteniendo silencio".