La progresiva devaluación de la educación como un valor imprescindible para la mejora personal, el escaso reconocimiento de la labor docente, la falta de asunción en muchos casos de la responsabilidad educativa de la familia y dificultades para transmitir los valores del respeto y la disciplina, y la conversión de los menores de edad en potenciales consumidores, equiparables a los adultos y que sólo desean abandonar cuanto antes el sistema educativo para ganar dinero, son algunos de los factores que están incidiendo en el aumento de la conflictividad tanto en los centros educativos públicos como privados. A estos problemas hay que sumar la falta de alternativas reales en el propio sistema educativo para este alumnado y un ambiente social marcado por la devaluación de la tolerancia y el respeto y la aparición continua de la violencia en los medios de comunicación.
Estos problemas se traducen de forma cada vez más preocupante en hechos violentos de diversos grados, unas veces entre el alumnado y otras tanto del alumnado como de sus familiares hacia el profesorado.
Además cada día aumentan las denuncias hacia el profesorado, que si bien en la gran mayoría de los casos son archivadas o desestimadas, dejan graves secuelas psicológicas en los docentes, que no pueden entender de ninguna de las maneras que la realización de una actividad destinada a la formación del alumnado lleve consigo su presencia en los juzgados.
La mejora de la convivencia escolar empieza por la responsabilidad compartida de todos los miembros de la comunidad educativa implicados, directa o indirectamente, en la educación, asumiendo cada uno el papel que le corresponde. Siendo necesaria la colaboración entre la familia y el profesorado.
Los medios de comunicación, especialmente la televisión, en tanto que transmisores de valores, por desgracia no siempre positivos, debieran contribuir a esta tarea, haciendo lo posible para respetar los compromisos que suscribieron en su día para adecuar su programación a unos horarios respetuosos con la audiencia infantil.
Familias, profesorado e instituciones con proyección social en el ámbito de la infancia y la adolescencia tienen el deber de coordinarse y trabajar en común en torno al objetivo de la educación.
Para prevenir los problemas de convivencia en los centros, los profesionales de la enseñanza consideramos esencial la dotación suficiente en recursos materiales y humanos y demandamos una mayor implicación de las administraciones, tanto educativas como todas las relacionadas con este tipo de problemas.
Esa implicación administrativa tiene que empezar por la reducción de las ratios en las aulas, una oferta adecuada y de calidad de Programas de Cualificación Profesional o similares para el alumnado que no quiere continuar en la Enseñanza Secundaria, el reforzamiento de la acción tutorial y de los equipos de orientación educativa, la dotación de otro tipo de personal (educadores y trabajadores sociales ) que apoyen la labor del profesorado, la formación del profesorado y la dotación de mecanismos para potenciar los procedimientos de mediación, Es imprescindible facilitar a los centros el que puedan actuar de forma eficaz, rápida y precisa cuando aparecen los problemas. Los equipos directivos y el profesorado deben disponer de mecanismos operativos de actuación ante los conflictos a los que tengan que hacer frente, utilizando, cuando sea necesario, las medidas correctivas pertinentes.
Es necesario también un compromiso social más escrupuloso de los medios de comunicación a la hora de abordar los contenidos de determinados programas e informaciones, en particular las relativas a los actos violentos que se producen en el entorno escolar.
Las administraciones educativas tienen el deber de tomar conciencia del problema y ofrecer al profesorado fórmulas eficaces y rápidas de defensa jurídica. Así mismo, deben respaldar clara y diligentemente ante la sociedad a los docentes que son agredidos verbal o físicamente o que son víctimas de denuncias infundadas.
