Unos 70 sacerdotes han muerto en España «en el ejercicio de su ministerio» a causa de la Covid-19. A esta suma hay que agregar los curas jubilados que se encontraban en residencias de ancianos y que han fallecido por la enfermedad, cuya cifra la Conferencia Episcopal ignora por el momento, aunque presume son muchos más que los anteriores. «Es difícil saber todos los datos», aseguró ayer el portavoz y secretario general del episcopado, Luis Argüello, quien subrayó que el coronavirus también se ha llevado decenas de vidas de vidas monjas y religiosos. La jerarquía católica ha propuesto que obispos y sacerdotes donen parte de su sueldo a los más necesitados por la crisis económica que ha traído consigo la pandemia. No se trata de aportar una cantidad fija, sino más bien de un donativo voluntario para los próximos meses. La cantidad se puede destinar a Cáritas y a otras instituciones de la Iglesia, así como a parroquias que han visto cómo el abrupto parón económico ha puesto en dificultades sus proyectos desde que se decretó el estado de alarma. En una rueda de prensa telemática, Argüello destacó que una de las damnificadas por la crisis es la propia Iglesia. «Llevamos más de un mes sin las colectas habituales, dado que los templos están cerrados, de manera que muchas de las formas de recibir ingresos en nuestras parroquias no se han podido mantener. El pueblo de Dios ha de mirar también nuestra propia responsabilidad a la hora del sostenimiento de la Iglesia, siendo la prioridad ahora la solicitud con los más pobres», alegó Argüello. En España hay 17.754 sacerdotes diocesanos, que cobran un sueldo medio de 900 euros al mes, distribuido en catorce mensualidades, mientras que un obispo recibe 1.250 euros. Algunos templos están acuciados por gastos ordinarios, como «pagar el recibo de la luz», al tiempo que otros renegocian con los bancos las condiciones de la devolución de los créditos y la aplicación de moratorias, toda vez que los préstamos fueron firmados cuando nadie se imaginaba la emergencia. Los obispos creen que la concesión de una renta básica es «urgente y necesaria», pero opinan que es contraproducente que adquiera carácter permanente. En este caso, se convertiría en una «coartada para establecer una especie de subsidio permanente que haría el juego al capitalismo internacional en su empeño de descartar a las personas» y desplazarlas por las máquinas. En este sentido, Argüello aseguró que sería muy preocupante que el valor del trabajo «desapareciera del horizonte». Celebración de misas: Los obispos quieren retomar el diálogo con el Gobierno para que, durante la fase de levantamiento de la reclusión, se puedan celebrar misas con público, suspendidas en la mayoría de los templos. El portavoz dijo que la Iglesia se compromete a que los fieles mantengan la distancia de seguridad y a estudiar la forma más idónea de distribuir la comunión. El portavoz consideró una actuación «desmedida» por parte de la policía el desalojo hace semanas de personas en la catedral de Granada cuando se celebraba una misa, lo que dio lugar a la interrupción del culto. Argüello invocó el texto del real decreto que autoriza el estado de alarma para afirmar que no impide la celebración en iglesias de eucaristías, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Sin embargo, la redacción se presta a confusión, puesto que si bien en el artículo 11 se acepta la celebración de misas, en el 7 se omite esta posibilidad. Si bien la Conferencia Episcopal recomendó que se siguieran las eucaristías por televisión, algunos templos han permanecido abiertos «como signo de esperanza». Pese que no se ha concretado una fecha para que Gobierno y autoridades eclesiásticas debatan el asunto y diriman sus diferencias de interpretación, sí que ha habido «intercambios de reflexiones» entre ambas partes.
Faro de Chipiona
