Familiares de diversos casos de crímenes con repercusión en la opinión pública se reunieron el pasado viernes, 23 de febrero, en Sevilla

Familiares de diversos casos de crímenes con repercusión en la opinión pública se reunieron el pasado viernes, 23 de febrero, en Sevilla para apoyar con su presencia una campaña encabezada por Juan Carlos Quer, padre de la joven Diana Quer --desaparecida, y posteriormente asesinada, en Galicia en verano de 2016--, consistente en la recogida física de firmas en contra de la derogación, según una proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, de la prisión permanente revisable, reforma incluida en el Código Penal por el Ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy.

Estaban presentes, el padre y abuelo de la sevillana Marta del Castillo, Antonio del Castillo y José Antonio Casanueva, y de la onubense Mari Luz Cortés, Juan José y Juan Cortés, así como la madre de Ruth y José --que perdieron la vida a manos de su padre, José Bretón--, Ruth Ortiz, o Marianela Olmedo, madre de María, asesinada en Almonte (Huelva) en un caso en el que se ha juzgado a la pareja sentimental de la mujer con veredicto de no culpabilidad.

Quer, cuya campaña en Internet ya ha cosechado 2,5 millones de apoyos ciudadanos en veinte días, ha confirmado que ha resuelto "dar un paso adelante" para, atendiendo a "decenas de miles de peticiones" de voluntarios para recoger firmas de personas mayores y otros que no pueden acceder a Internet, hacer una primera convocatoria en Sevilla, una ciudad "especialmente dañada por este tipo de tragedias".

El padre de Diana dijo que detrás de la presencia de estos padres "no existe deseo de venganza", sino, antes bien, el de "protección" de los propios hijos, "las personas más vulnerables de la sociedad". Tras declarar que no es partidario de la cadena perpetua, sino de tener en cuenta los derechos de los encartados --donde entraría la garantía de revisión de la prisión permanente--, ha elevado una reflexión a la clase política: "la vida de los seres inocentes no puede ser un caladero de votos".

"Que entiendan de una vez que ocho de cada diez españoles apoyan la no derogación de la prisión permanente revisable. Pasan todos los días casos en los que el cumplimiento íntegro de la condena no garantiza en modo alguno la salvaguarda de los derechos de los más inocentes", dijo Quer, que apuesta, en un llamamiento que "no es de izquierdas, de derechas ni de centro", por un modelo en el que la persona esté reinsertada, rehabilitada y en condiciones de no atentar contra la sociedad.

Antonio del Castillo, por su parte, incidió en la crítica a los políticos, "que deben tomar conciencia de que el 80 por ciento de ciudadanos quiere esta medida, que no tiene color ninguno". "Que dejen ya de hablar de venganza, ningún padre de aquí se ha ido a por ningún inculpado. La ciudadanía sabe lo que quiere, son los políticos los que no están con el pueblo, que sabe que les puede pasar a ellos".

"Vamos a seguir la lucha para que esta ley se mantenga y no le pase a nadie más", dijo el abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, que aseguró no desear a "nadie" lo sucedido a estas familias, "que sí que tenemos una cadena perpetua sin revisión". "Los nuestros, arriba, y otros, por ahí".

Contundente fue Ruth Ortiz al expresar su deseo de que cuando ocurrió el caso de sus hijos hubiese estado vigente la figura de la prisión permanente revisable. "Esto es un mensaje claro: la mayoría de los españoles quiere que se mantenga para casos especialmente crueles de asesinato".

Asimismo, Juan José Cortés recordó que detrás de casos tan mediáticos hay "miles de casos" que están pidiendo lo mismo. El "símbolo" de la unidad de los padres es "el mismo que trasladamos a los ciudadanos y que queremos que vean los políticos", dijo que para pedir celeridad a la votación y que "si algún partido se tiene que poner de lado para dejarla pasar, que lo haga".

Cortés destacó que acciones como ésta son una forma de "dar sentido" a sus vidas y evitar que otras familias vivan casos similares. "Con salvar una o dos vidas creo que este esfuerzo que estamos haciendo merece la pena", dijo, recordando que, en el caso de Santiago del Valle, condenado por la muerte de su hija, éste tiene ya derecho a permisos penitenciarios.

Más crítico fue su padre y abuelo de la niña, Juan Cortés, que instó a los dirigentes a "dejar de decir patochadas". "Tengo cuidado de ser educado, a pesar de mi dolor, como para que ahora algunos se regocijen diciendo que buscamos venganza: si se dedican a la vida pública, tengan la consideración de no hablar con ese despotismo", comentó , antes de recalcar que la prisión permanente revisable "no es quitarle la vida a nadie, al revés, es como curar a un enfermo".

Uno de los testimonios más desgarradores vino de Marianela Olmedo, que, deshecha en lágrimas, dijo pasar "por lo más duro que se puede pasar en la vida”, y reclamó que "se haga justicia" y pidió amparo del Supremo y el Ministerio del Interior "hay un criminal suelto por las calles de Almonte. Tenemos la vida destrozada, y tengo mi pena, pero no quiero que a ninguna madre le pase lo que a mí".

También estuvo presente Emilia Chavero, hermana de Manuela, la mujer desaparecido en Monesterio (Badajoz) en 2016, que admite el consuelo tanto de la unión de los familiares como del trabajo que las fuerzas y cuerpos de seguridad realizan para dar con el responsable. "No se puede consentir que algunos políticos no apoyen esta causa, parecen buitres, solo interesados por el poder y sin prestar atención a las personas desaparecidas".

Por último, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, afirmó que "no hay derecho" a que "las víctimas tengan que salir a la calle para que reaccione la clase política, que está para defender a la ciudadanía; no tendríamos que estar haciendo estas cosas, está en su conciencia, tendrían que haber dejado el Código Penal como estaba".